Se reedita en Santiago hechos propios del terrorismo de estado
Desde el pasado lunes 2 permanecen detenidos en alcaidía de tribunales de Santiago del Estero Roger Zurita, Celso Sequeira y José Sequeira del Ayllu Puncu Atun y; Hernán Barraza del Ayllu Codo, sin que se sepa cual es el juzgado interviniente. Ese día, en horas de la noche fue liberado Cecilio Barraza de Codo por tratarse de un anciano de 78 años con problemas de salud. Todos ellos integrantes del MO.CA.SE - F.N.C.

El domingo 1 de marzo, 20 efectivos del Getoar (Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo, de la policía de la provincia) llegó al departamento Atamisqui y, con la colaboración de policías locales, en una operación que reedita el terrorismo de estado, marca las casas sobre las cuales realizarían el operativo a la madrugada del día siguiente.

Ese lunes, al salir el sol ingresaron tres camionetas con los efectivos policiales de la provincia de Santiago del Estero, a las comunidades, sorprendiendo a la gente cuando estaban iniciando sus actividades de la mañana, algunos niños todavía en sus camas, haciendo recordar los peores momentos de la dictadura genocida
En la casa de Francisco Surita, un anciano padre del Atuniyku Ñauke del Pueblo Diaguita Cacano, al ingresar para detener a Roger, hermano de Tito, castigaron con golpes de puño, patadas y pisotones a un menor de 15 años que intentó evitar la detención de su tío y a don Francisco, produciéndole un desgarro en una de sus piernas. En la casa de Celso Sequeira, hicieron un disparo de arma de fuego, cayendo el cartucho en la cama donde dormía una niña, al lado de su cabeza.
A Cecilio Barraza, posteriormente liberado por su edad, lo levantaron como estaba, en calzoncillos, lo esposaron y lo tiraron en la caja de una de las camionetas.

Estos compañeros, al igual que Nemesio Sequeira y su hijo Enrique, de Puncu Atun y Santos Acosta y Ubaldo Rojas de Toro Uman, en el 2008, son detenidos como consecuencia de la lucha del Pueblo Diaguita Cacano que no renunciará a la defensa de sus derechos territoriales y de El Alto, único bosque nativo y territorio sagrado de las comunidades.

Por esta misma lucha, el año pasado, Reina Coronel, del Ayllu Codo, fue atacada en el camino y golpeada con látigo y, luego, cuando fue a intentar poner la denuncia en la seccional 20 de Villa Atamisqui, fue humillada por la propia policía que la encerró en un calabozo con sus agresores, "para que arreglen entre ellos".

Esta lucha es hoy contra la empresa usurpadora Genética del Este S.A., propiedad de la firma Bustingorri Hnos., propietarios de varias cabañas, que adquiere el campo denominado Toro Uman, territorio de El Alto perteneciente al Ayllu de Codo. La compra la realiza a nombre de un testaferro, Elizabeth Mireya Freidenberg, quien coloca como encargado del campo a un tal Sebastián Peuser, quien se presenta a su vez como secretario de la senadora nacional Ada de Capellini, ex intendente de Ojo de Agua.

Esta empresa, además de hacer encarcelar y golpear a ancianos, mujeres y niños, por una policía al servicio de sus intereses, desmontó amplias zonas del El Alto, produciendo ya un daño ecológico irreversible, profanó territorios sagrados, encierro a los animales de las comunidades, envenenó con agroquímicos el agua de los canales, única fuente de consumo para las familias y los animales, contrató grupos parapoliciales para custodiar los alambrados y, todo esto, con el visto bueno del gobierno de la provincia que vé en estos empresarios un ejemplo de "inversores para el desarrollo".

Invitamos a todos los compañeros a la reunión que realizaremos el proximo lunes9 de marzo, a las Hs. 19, en la sede de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Av. Corrientes 1785, 2 “C”, para organizar una movilización a la Casa de Santiago del Estero.

JorgeSantucho 153-039-0108

MarceloCoria 156-448-8123

Comments

Claudia Gómez Godoy
Colectivo COA

Una vez mas, en nombre del desarrollo, tres pueblos se encuentran amenazados de muerte, tres pueblos de los Altos de Jalisco: Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Pueblos tranquilos y que hasta hace unos meses vivían en paz están siendo amenazados, hostigados y humillados por el gobierno federal y estatal que pretenden imponer a toda costa la construcción de una presa de almacenamiento de agua, llamada ?Presa Zapotillo?, que traerá como consecuencia la inundación de estos tres poblados.

Desde que se anunció el proyecto de construcción de la presa, la gente de esa región no ha vivido en paz, al principio porque las autoridades del agua negaron constantemente la existencia del proyecto y después, una vez reconocida la pretendida obra, porque las autoridades federales y estatales no han dejado de hostigar a los habitantes y dueños de predios de las zonas afectadas; con diversas estrategias: reuniones amañadas con pobladores, intimidación casa por casa, organización de grandes fiestas y comilonas -donde se ofrece cerveza a cambio de escrituras- el convencimiento de algunos pobladores que sirven de intermediarios del gobierno, llamadas telefónicas a las casas de los hijos ausentes o migrantes -independientemente de dónde se encuentren: Guadalajara, Monterrey o Estados Unidos-, volantes que dejan debajo de las puertas, spots de radio y un largo etcétera.

La respuesta mayoritaria de los pobladores es siempre la misma: ?no queremos su presa?, ?háganla en otro lado?, ?no nos negamos a compartir el agua del río, pero no nos inunden?, ?déjennos vivir en paz?. Esta negativa se la han hecho saber a las autoridades por todos los medios que les ha sido posible: reuniones, cartas, marchas, mítines, caravanas, volantes, conferencias de prensa, movilizaciones pacíficas al sitio donde se está construyendo la presa, al Congreso del Estado, a las presidencias municipales, a las oficinas de la CONAGUA, del INAH, de la CEAJ, del Gobierno del Estado.

La respuesta de las autoridades ha sido siempre la misma, la presa se va ha hacer porque no hay otra opción y han amenazado constantemente a los pobladores que si no venden por las buenas su tierra y aceptan la reubicación, entonces vendrá la expropiación. Tanto César Coll Carabias de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAS), como José Luis Luege Tamargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) anuncian, como quien habla del diluvio universal o de un destino irreparable, que si llega la expropiación les pagarán menos, que a los que voluntariamente vendan.
El 20 de noviembre de 2008, la CONAGUA lanzó la Convocatoria Pública Internacional para la Licitación de la Obra, sin cumplir muchos de los requisitos que por ley debe cubrir para la edificación de este tipo de obras:

La obra no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental, ni la correspondiente Autorización de Impacto Ambiental para la cortina de 105 metros.
No existe autorización del Municipio de Cañadas de Obregón para el cambio de uso de suelo.
No hay autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la reubicación del templo y lugares sagrados.
Los pobladores no han sido consultados, ni informados debidamente del proyecto.
No se cuenta con su consentimiento libre, previo e informado, ni con su anuencia.
No hay decreto de expropiación de ninguna de las tierras afectadas.

Mas allá de las irregularidades administrativas, la presa en sí y el desalojo forzoso del que serían víctimas los pobladores, son una violación a su derecho a ser pueblos, en menoscabo de una serie de derechos individuales y colectivos que se verán mermados por la construcción de la presa y el desplazamiento de cientos de pobladores que tienen su vida, su cultura, sus manifestaciones religiosas, sus costumbres y su identidad ligadas directamente al territorio que se les está arrebatando.

En respuesta a las múltiples violaciones a los derechos fundamentales, el movimiento de resistencia ha iniciado también acciones jurídicas con la interposición de juicios de amparo, juicios de nulidad administrativa, quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y comunicaciones ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buscan proteger sus derechos individuales y colectivos (como son el derecho a la propiedad, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, el derecho a la información, el derecho a la consulta, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz), derechos que deben ser resguardados en igualdad, bajo los principios de indivisibilidad e interdependencia reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Está en juego la idea de desarrollo, para algunos puede parecer normal, oportuno y necesario desaparecer tres pueblos con una historia que data desde el siglo VI ?solo la capilla este año conmemora los 250 años de su construcción- para abastecer de agua a la Ciudad de León (Guanajuato) sólo por 25 años, que es la vida útil de esta presa y acueducto. Este tipo de obra favorece fundamentalmente a los industriales de León, a las empresas zapateras y los ranchos de grandes agroindustriales como el señor Usabiaga, el señor Fox y sus hijastros los Sahagún.

El argumento del gobierno es que hay una afectación a algunos pobladores pero que el beneficio público es mayor. Sin embargo, la realidad es otra: hay un beneficio privado a las empresas constructoras, potabilizadoras, zapateras y agroindustriales y un perjuicio total y colectivo a pueblos que tienen todo el derecho de seguir viviendo; A todo estoy hay que sumarle el daño ambiental que de manera irreparable afectaría a la Cuenca del Río Verde y del Río Santiago, a la integridad del ecosistema de los Altos de Jalisco, que a su vez alimenta la biodiversidad protegida de las Marismas Nacionales de Nayarit, el territorio es un todo, que no es entendido por el gobierno, con sus planes parciales de ordenamiento y el propio Programa Hídrico Nacional, con el que pretenden solucionar un problema, causando mas daño y devastación ambiental.

Temacapulín es un pueblo que tiene gran potencial turístico, es visitado por pobladores de toda la región de los Altos, por sus balnearios de aguas termales, por sus lugares para acampar cerca del río, su Basílica dedicada a Nuestra Señora de los Remedios y el Cristo de la Peñita (una formación natural de piedra, considerado milagroso en la región). Son famosas en la región sus fiestas patronales de enero, en las que cada día los ?hijos ausentes? -como llaman a los que han inmigrado- regresan a su pueblo a ofrecer música, bandas, comidas y juegos pirotécnicos, como una forma constante de hacerse presentes y volver a la tierra que los vio nacer, donde viven sus viejos y en donde esperan poder regresar algún día.

Este año la presencia de los hijos ausentes o migrantes quiso ser aprovechada por las Comisión Estatal del Agua de Jalisco quien lanzó una campaña de radio invitando a los pobladores de Temacapulín para que acudieran a una oficina en el Municipio de Yahualica a escuchar su oferta de compra-venta, anunciando que contaban con una bolsa de 30 millones de pesos. La propuesta llevó a la gente del pueblo a la risa y a las autoridades al fracaso, pues lograron convencer sólo a dos propietarios quienes se llevaron 5 millones. El enojo de las autoridades estatales del agua no se ha hecho esperar y han lanzado una nueva amenaza a los habitantes de Temacapulín: o venden o les vamos a expropiar, criminalizando a los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, diciendo que son agitadores

El desprecio que las autoridades federales y estatales del agua tienen por la gente es aterrador. En enero de 2008 el Gerente Regional del Organismo de Cuenca de la CONAGUA, Raúl Antonio Iglesias Benítez, ante la oposición de los pobladores, declaró: ?se salen o se ahogan, les vamos a comprar lanchas y salvavidas para que no se preocupen?. Se le ha exigido a la población que presente alternativas técnicas para la solución de los problemas de agua de la región, cuando es el gobierno quien debería de estar buscándolas, pues tienen los recursos, los medios y la obligación de hacerlo. Desde su saber, los pueblos del mundo están consientes que las grandes represas no son la solución a los problemas de agua y que no pueden considerarse una alternativa sustentable de energía. Este tipo de presas terminan contaminando y matando los ríos, como toda agua estancada y contribuyen al incremento del calentamiento global. En los países de Europa e incluso en Estados Unidos ya no sólo no se construyen este tipo de presas, sino que las que se han construido, están siendo desmanteladas a un costo muy alto.

En las fiestas patronales de este enero de 2009, la fiesta se vivió de la nostalgia a la resistencia, de la rabia a la alegría, de la desesperanza al ánimo. La gente no tiene idea de lo que les depare el gobierno, pero saben que no se van a dejar, algunos han decidido que esperarán el agua, mientras siguen buscando alguien que los quiera escuchar. En la asamblea de pobladores de Temacapulín, junto con los Comités Salvemos Temaca de Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, Los Ángeles, San Francisco o Tijuana, todos los hijos de Temaca, los ausentes y los presentes, ratificaron su rechazo a la presa y su voluntad de seguir en pie de lucha, contra lo que ellos mismo llamaron UN DELITO DE ?NECIA? HUMANIDAD.

A todos nos debería preocupar, que este gobierno siga pisoteando los derechos de los que menos tienen, imponiendo a toda costa una presa que es ecológicamente inviable, económicamente insostenible, técnicamente errónea y socialmente deplorable. Obra que pagaremos todos con nuestros impuestos sin que se nos haya consultado, borrando del mapa tres pueblos con toda su historia, biodiversidad y riqueza cultural para favorecer a unos cuantos empresarios que tendrán la concesión de la obra por 25 años. En este momento, es urgente no ser parte de la "necia" humanidad que pisotea los derechos colectivos de Temacapulin, Acasico y Palmarejo, ni de la ?necia? humanidad que hace oídos sordos a esta problemática que nos afecta a todos a mediano plazo. Si logramos que haya quien escuche el grito de los temacapulinenses, en cualquier parte del mundo, entonces de seguro, que la Presa Zapotillo, no pasará.

LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2009, POBLADORES DE TEMACAPULIN, ACASICO Y PALMAREJO, VISITARÁN LA CIUDAD DE MEXICO, CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE CON AUTORIDADES, ORGANIZACIONES, ACADEMICOS Y CIUDADANOS QUE LOS QUIERAN ESCUCHAR Y UNIRSE A SU LARGA LUCHA.

Sembrando Esperanza
CLAUDIA GÓMEZ GODOY

Colectivo COA
Casa: 00 52 33 33 34 13 36
Celular: 044 33 12 80 82 11

Comments

Su matrimonio significó la explotación de las riquezas de esas tierras y la construcción de grandes infraestructuras para embarcar la dote que exigían los padrinos.

Han pasado muchos años y siguen unidos como nunca. Celebraron bodas de cobre, de plata, de oro.

Ahora, en segundas nupcias, los mismos contrayentes, celebran bodas de soja, bodas de celulosa, etc.

En realidad siempre han sido bodas de sangre, hasta que la muerte los separe.

Por Gustavo Duch, Veterinarios Sin Fronteras, en Altermundo

Comments

Desde las orillas de las verdes aguas del zamorano Bombuscaro, en las faldas del Poducarpus y con motivo del nuevo año, enviamos un saludo de rebeldía a todas y todos nuestros compatriotas defensores de los derechos de los pueblos, su territorio y sus culturas. Recordemos que solo la rebeldía nos devolverá la dignidad que heredamos de nuestros mayores y que de a poco nos han arrebatado, con el cuento de encontrarnos en revolución.

Con mucha expectativa iniciamos hace dos años un nuevo periodo de gobierno, con la esperanza de que la patria sería para todos nosotros los ecuatorianos, pero ya vemos que no es así. Se cumple una vez mas aquel dicho “la ilusión del pobre dura poco”. Se habla de una “revolución ciudadana” y que “la patria ya es de todos” y con ese argumento llegan canadienses y se adueñan de nuestras reservas de oro, plata, cobre, uranio que se hallan en las entrañas de nuestras montañas. Llegan llamadas telefónicas de la Presidencia de México a Carondelet y se firman contratos entregando cerca de 30 mil millones de dólares a favor de PORTA a cambio de 480 millones para el estado ecuatoriano en 15 años. Llegó cerca de 20 mil millones de dólares por las ventas petroleras hasta julio del 2008 y junto a los petrodólares también llegaron nuevos vende patrias llamados “revolucionarios” Raules Carriones, Alexis Meras, Fabricios Correas, etc.. para en cumplimiento de la consigna de “La patria ya es de todos” saquear lo que mas pueden y desaparecer aprovechando el mundanal y tenebroso ruido emanado desde Carondelet bajo la sombra de la noche neoliberal.

Perdonen señores, aprendí en la escuela que revolución significaba un cambio para bien, para garantizar equidad, respeto social, cultural y económico. La Revolución Francesa en el siglo XVIII, por ejemplo, significó un cambio de las viejas prácticas políticas feudalitas para darse paso un nuevo marco de pensamiento y acción de libertad. Pero como todo cambia, hoy parece que revolución significa retroceso, entreguismo y más neoliberalismo, corrupción, persecución al pueblo que lucha por la defensa de su dignidad, violaciones constitucionales, privatización de sectores estratégicos como el agua, transformación de socialcristianos a “izquierdistas”, calificación de novelería a las lenguas ancestrales como el Kichua y con ese invento se pretende llegar al socialismo del siglo XXI. Si así es la revolución ciudadana, que las montañas nos guarden del socialismo.

Pero qué pasa con la verdadera revolución socialista, de aquella que habla de la redistribución de la tierra, de la entrega de riego para la producción del trigo y maíz, de aquella que nos hace sentir orgullosos de nuestras raíces ancestrales, de la que busca quitar el poder de unos cuantos vivos y entregar al verdadero pueblo. En fin, de la que nos daría un poco de equidad social. Evidentemente el nuevo avión presidencial no nos llevará al socialismo de la producción agraria y de la solución al hambre de nuestros pueblos. En consecuencia es hora de levantar la mirada hacia nuestras montañas, allá por donde nunca falla el sol dador de vida y juntos como debe ser un verdadero país plurinacional e intercultural, al mismo estilo de un tambor y una zampoña melodiosa y ensordecedora a la vez, gritemos con rebeldía “Basta carajo de tanta hipocresía, si no saben lo que es revolución, pidan perdón y lárguense de nuestro país. Nosotros con o sin revolución, gracias a la madre tierra, seguiremos sembrando y comiendo maíz”.

quishpes@hotmail.com

Comments

CARTA ABIERTA enviada el 24-10-08 por la RED DE ALTERNATIVAS A LA IMPUNIDAD Y A LA GLOBALIZACIÓN DEL MERCADO A LOS INDÍGENAS NASA Y A LOS CORTEROS DE CAÑA DE AZÚCAR DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA EN COLOMBIA

y la respuesta recibida desde el Sindicato de Corteros de Caña Sinalcorteros, desde Florida, Valle del Cauca-Colombia, octubre 27 de 2008

RESPUESTA DE SINALCORTEROS

RED DE ALTERNATIVAS A LA IMPUNIDAD Y A LA GLOBALIZACIÓN DEL MERCADO

Estimados compañeros:

Estimamos en alto grado su solidaridad de gran valor civil al sindicar a este régimen del autoritarismo parauribista como una calamidad para la vida de nuestros pueblos y al servicio de una oligarquía vendepatria sometida al poder imperial norteamericano.

Nuestra lucha por reconquistar derechos democráticos elementales coincide con la muy digna y ejemplarizante movilización de los indígenas colombianos.
Coincidimos con ellos, en lo que consideramos lo fundamental para la suerte de nuestro país, cuando afirman: "...la movilización es una Minga de los Pueblos para plantearle al país y al mundo una agenda de 5 (cinco) puntos...

*que empieza por denunciar y resistir un Modelo de Desarrollo emblematizado por un TLC negociado en contra de los pueblos, para despojarlos e irrespetando el derecho a ser consultados". *

Por supuesto que el dolor y el desastre causado por la inveterada violencia de todos los pelambres impuesta a nuestro martirizado pueblo es aberrante, pero el desangre causado por el parauribismo que ha coptado al Estado, cuyo fondo supremo es el negocio de las trasnacionales que ejercen el despojo de nuestras riquezas y recursos, incluída la mano de obra barata, con el concurso de un puñado de plutócratas, lo cual no podrían ejecutar por medios democráticos, no tiene comparación. De allí que nuestra principal preocupación y tarea es la de luchar por condiciones democráticas bajo las cuales los obreros, campesinos, productores rurales y urbanos, intelectuales
y profesionales, podamos soberanamente decidir el destino de nuestra nación, sin intromisión extranjera. Nuestra huelga hace parte de este proceso de resistencia civil.

Reciban nuestro saludo fraternal.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE SINALCORTEROS.

RAMON PALACIOS CAICEDO, Presidente Nacional.

DANIEL AGUIRRE PIEDRAHITA, Secretario General.

24 de octubre de 2008

CARTA ABIERTA DE LA RED DE ALTERNATIVAS A LA IMPUNIDAD Y A LA GLOBALIZACIÓN DEL MERCADO

A LOS INDÍGENAS NASA Y A LOS CORTEROS DE CAÑA DE AZÚCAR
DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA EN COLOMBIA

Por medio de la presente Carta Abierta, queremos expresar nuestra solidaridad con ustedes, manifestar nuestro respaldo a todas las propuestas y planteamientos de su lucha por la vida y en defensa de la tierra y el territorio en el caso de la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular; y por ejercer el derecho a la huelga, y de reivindicar condiciones laborales dignas en el caso de los trabajadores de la industria de la caña de azúcar.

Viva la Minga de los Pueblos!

Queremos que las organizaciones indígenas y los corteros de caña sepan, que les acompañamos desde la distancia, y que:

Hemos tomado conocimiento de la gravedad de la situación que están atrevesando ambos movimientos sociales.

Que a pesar de sus sucias estrategias, el gobierno colombiano no consigue disimular sus mentiras

Sabemos que el gobierno ha estado disparando durante días y horas indiscriminadamente sobre ustedes. Expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos de los campesinos Jesús Antonio Nene, Jair Yaca y Jhon Freddy Lis Ilcue asesinados por la fuerza pública en Villa Rica.

Sabemos acerca de la injusta distribución de la tierra, que por supuesto beneficia a palmicultores, ingenios de caña, transnacionales mineras, petroleras y... al presidente; y no a los indígenas quienes continúan viendo cada vez más su acceso a la tierra, y con ello disminuída su integridad como pueblo y amenazada su existencia.

Sabemos que el gobierno ha detenido y retenido ilegalmente a los corteros Oscar de J. Bedoya Muñoz, Omar Enrique Sedano García Y José Oney Valencia Llanos y a los asesores del senador Lopez Maya, Alberto Bejarano Schiess y Juan Pablo Ochoa, todos ellos inocentes.

Denunciamos la consolidación de un Estado policial de terror bajo la orientación de Álvaro Uribe Vélez

Aprovechamos este mismo espacio y desde él

Instamos al Gobierno Colombiano
-a garantizar las condiciones para el desarrollo de la libre protesta en las diferentes regiones
-a emprender acciones para dar respuesta a las demandas planteadas por los pueblos indígenas y por los corteros de caña
-a dejar de criminalizar sistemáticamente la protesta social legítima

Instamos a los organismos de control, en particular a la Defensoría del Pueblo
-que asuma la responsabilidad de garante de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y corteros de caña
-que acompañe la movilización indígena y de los trabajadores de la caña de azúcar que se desarrolla actualmente en diferentes regiones del país
-que vele por los derechos a la libre asociación, reunión, movilización y protesta de indígenas y corteros, y de todos los ciudadanos colombianos

Rogamos a los Gobiernos y al Sistema de las Naciones Unidas y a los organismos internacionales presentes en Colombia
-a hacer seguimiento a la movilización, y a contribuir a que se garantice la vida, la integridad física, cultural y territorial de los pueblos indígenas de Colombia y de los corteros de caña

BASTA DE VIOLENCIA, BASTA DE REPRESIÓN, BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE INDÍGENAS Y CAMPESINOS.

DETENGAMOS YA EL GENOCIDIO!!!

Firmado:
Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado

Esta carta ha sido enviada a

A las organizaciones indígenas:
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN
acincauca@yahoo.es

Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC
info@cric-colombia.org

A Corteros de Caña:
Sindicato Nacional de Corteros de Caña SINALCORTEROS
sinalcorteros@gmail.com

Central Unitaria de Trabajadores CUT
presidencia@cut.org.co

Con copia a:
Gobierno de Colombia
Presidente Alvaro Uribe Velez
rdh@presidencia.gov.co

Vicepresidente Francisco Santos
fsantos@presidencia.gov.co

Ministro de Defensa Juan Manuel Santos
siden@mindefensa.gov.co

Ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio
ministro@minjusticia.gov.co

Ministro de Protección Social Diego Palacio B.
dpalacio@minproteccionsocial.gov.co

Fiscal General de la Nación Mario Iguaran Arana
contacto@fiscalia.gov.co

Defensor del Pueblo Wolmar Antonio Pérez Ortiz
defensoria@defensoria.org.co

Contraloría General de la Nación Dr. Julio César Turbay Quintero
pepazos@contraloriagen.gov.co

Procurador General de la Nación Edgardo José Maya Villazón
anticorrupcion@presidencia.gov.co

Maciel María Osorio Madiedo
Procuradora Judicial Ambiental y Agraria.
mosorio@procuraduria.gov.co

Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco
cefranco@presidencia.gov.co

Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de
Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Grupo de Atención al Desplazamiento Forzado Daniel Antonio Sastoque Coronado
dsastoque@procuraduria.gov.co

ASOCAÑA (asociacion de productores de caña)
Luís Fernando Londoño Capurro. Presidente de Asocaña
asocana@asocana.com.co

Sistema de Naciones Unidas
Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya
anaya@law.arizona.edu

High Commission for Human Rights in Colombia
oacnudh@hchr.org.co

Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra, Suiza
tb-petitions@ohchr.org

Otros organismos internacionales presentes en Colombia
Representante Permanente de la OIT en Colombia Dr. Marcelo Castro Fox
Castrofox@oit.org.pe

Embajadas de Colombia
en Alemania: info@botschaft-kolumbien.de
en España: emadrid@minrelext.gov.co
en EEUU: webmaster@colombiaemb.org

Comments

Comments

Durante los días 3 al 6 de octubre en La Esperanza, Intibucá, Honduras, se llevó a cabo el II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización donde se dieron cita más de 800 delegadas y delegados de 175 organizaciones y de 27 países (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela,Brasil, Puerto Rico, Australia, España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá), así como hermanas y hermanos de los Pueblos Originarios de Indoamérica (Mapuche, Aymara, Mayas, Lencas, Garífunas, Chorotegas, Emberá katíos del Altosinú, entre otros).

Conozca la declaración que prepararon como resultado del Encuentro.

Frente a la crisis del sistema capitalista se alza en el mundo una crisis múltiple (energética, alimentaria, ambiental, financiera, social y política). Con ello, la militarización se agudiza y sus efectos se recrudecen en el intento del sistema por controlar los espacios, los mercados y los recursos naturales. En nuestro hemisferio la militarización se hace evidente de múltiples formas. En su sentido más amplio, la violencia militar, institucional y policíaca son parte de esta continua escalada de represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, que responde a la imposición del modelo económico neoliberal.

En este contexto, desde el movimiento social luchamos por nuestros
derechos, tierras y territorios. Por eso, diversas redes y
organizaciones del continente nos hemos vuelto a articular en un
esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y definir líneas de acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental y global que representan la militarización, las guerras y la represión.

Ante ello consideramos:

* Que la militarización es el principal factor de la violación de los
derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vivienda, la
salud, la educación, etc., y en especial los derechos generales y
particulares de los pueblos indígenas y negros;

* Que la militarización también se expresa con violencia, represión e
intolerancia a la diversidad sexual, obstaculizando la creación de una
cultura inclusiva y de paz para todas y todos sin discriminación;

* Que la militarización genera saldos de presos políticos, torturas y
desapariciones forzadas y una fuerte criminalización hacia los jóvenes y maras, con consecuencias no sólo individuales sino también colectivas;

* Que la militarización es la máxima expresión del patriarcado, donde
las mujeres son las principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son consideradas botín de guerra;

* Que la militarización se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y engañoso que violan los derechos y rompen con el futuro de los jóvenes, lleva a la represión de movimientos antiguerra;

* Que la militarización genera un mayor número de migrantes que son
criminalizados bajo las leyes antimigratorias aprobadas en los EE.UU. y la Unión Europea, y son víctimas de violaciones de sus derechos humanos; la militarización de las fronteras lleva a la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, siendo los más vulnerables las mujeres y los niños;

* Que la militarización constituye una amenaza a los movimientos
campesinos debido a la represión de sus demandas por reformas agrarias
integrales y soberanía alimentaria;

* Que la militarización es el mecanismo de control del capital sobre los recursos estratégicos y la energía, y viola los derechos de las
comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre su tierra y territorios;

* Que el capitalismo no puede existir sin su estructura militar de
dominación. En nuestro hemisferio esta estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el Comando Sur, la Cuarta Flota;

* Que la militarización va acompañada de un terrorismo mediático, de una estrategia de manipulación y de miedo, de una ideología militar
caracterizada por el colonialismo mediático, entre otras formas de
dominio y enajenación;

* Que la militarización se alienta con la supuesta "guerra contra el
narcotráfico" como la perfecta excusa para militarizar la sociedad y las estructuras del Estado;

* Que la militarización es la respuesta a la criminalización de la
protesta social concebida como amenaza al sistema de dominación bajo las llamadas "Leyes antiterroristas" que siguen el modelo estadounidense de la Ley Patriota;

* Que la militarización impulsa el crecimiento del presupuesto militar, favoreciendo a su gran industria en los sectores público y privado, generando deudas externas, y desviando recursos que podrían destinarse a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales;

* Que la militarización es un instrumento para la implementación y la
seguridad de los megaproyectos de infraestructura e inversión del gran
capital transnacional, como son los casos del Plan Puebla Panamá, la
Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica (IIRSA), los
Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación.

EXIGIMOS:

1) El cierre definitivo de todas las bases militares norteamericanas y
de cualquier otra nación extranjera en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los traslados o aperturas de nuevas bases en nuestro
continente;

2) La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la soberanía de
los pueblos;

3) El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su reemplazo por
delegaciones de solidaridad, cooperación técnica, reconstrucción, así
como la cancelación de la deuda externa ilegítima que lo ahoga;

4) La cancelación de proyectos de infraestructura y megaproyectos que
violan el pleno derecho de la población latinoamericana, indoamericana y caribeña a sus territorios y recursos ancestrales;

5) El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que profundizan la
injerencia militar norteamericana y contribuyen a la militarización de
nuestros países;

6) La derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra
los pueblos y criminalizan la lucha social;

7) El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin inmediato de la violencia sexual, la prostitución y la trata de mujeres donde están
ubicadas las bases militares y las zonas de conflicto;

8) El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de militarización de la Triple Frontera, y respeto a los territorios y soberanías de los pueblos del sur.

9) El reemplazo del modelo militarizado de "guerra contra el
narcotráfico" con medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera;

10) El pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación
del "muro de la vergüenza" en la frontera EEUU-México;

11) El respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros
propios medios de comunicación; hacemos un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios propios, indígenas, populares,
comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios públicos para la comunicación directa;

12) Acceso a la información inmediata y precisa sobre cuánto del
presupuesto nacional se dedica a financiar la militarización, para poder “desarmar” dichos presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población;

13) El levantamiento del bloqueo a Cuba sobre todo en este momento en
que sufre, junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias
de los huracanes Gustav e Ike;

14) El fin de la violencia secesionista y la intervención del gobierno
de los Estados Unidos en Bolivia.

Los participantes del II Encuentro contra la Militarización,

- Saludamos la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar
definitivamente la Base militar de Manta en 2009.

- Nos solidarizamos con el pueblo boliviano y su lucha por la integridad de su territorio y su soberanía.

- Saludamos la construcción de la Alternativa Bolivariana de las
Américas (ALBA) sobre la base del respeto irrestricto de los derechos
humanos y de relaciones de equidad.

Considerando todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia. Estos días han permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos, así como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren nuestros pueblos y movimientos. Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental contra la
militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y
con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un
día no lejano el sueño de vivir libres de violencia, exclusión y guerra.

“¡Para callar las armas, hablemos los pueblos!”
“¡Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira,
se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!”

Comments

Ayer 3 de octubre fue asesinado el segundo campesino de las organizaciones populares bajo el nuevo gobierno del presidente Lugo en Paraguay. La confrontación se endurece y depende en gran medida de la solidaridad internacional.

Aquí se encuentra un Comunicado del Frente Social y Popular.

Comunicado del Frente Social y Popular
Ante el asesinato del compañero Bienvenido Melgarejo el día 3 de octubre en Puerto Indio, Alto Paraná, en manos de la policía nacional bajo la operación represiva de la fiscala Aidé Barbosa en complicidad con los grandes sojeros, el Frente Social y Popular expresa cuanto sigue:

La fiscalía del Estado sirviendo a los intereses de los grandes productores de soja está provocando con su accionar la desestabilización del país con la incitación permanente a la violencia por los medios de comunicación masiva que hoy cobró su segunda victima la de Sindulfo Martínez del MCP- y Bienvenido Melgarejo de ASAGRAPA, este ultimo fue resultado de lo anunciado pocas horas antes por los mismos directivos de los grandes productores agrícolas y ganaderos: Claudia Russer, Héctor Cristaldo y Néstor Núñez.

En esta semana, la sociedad paraguaya ha sido testigo de una escalada de violencia injustificada protagonizada por la fiscalía general del Estado y ejecutada por la policía nacional en varios departamentos del país. En Caazapá, fueron detenidos 8 compañeros y compañeras. En Vaquería, Caaguazú, fueron procesados siete personas por defender sus comunidades de fumigaciones con agro tóxicos. Denunciamos que muchos líderes comunitarios se encuentran bajo amenaza de muerte por parte de las comisiones de seguridad ciudadana. Estas últimas actúan en complicidad con las fiscalías y comisarías locales. Le reiteramos al Ministro del Interior el inmediato desmantelamiento de la comisión de seguridad ciudadana (comisión garrote).

Exigimos de forma urgente al nuevo gobierno la puesta en marcha de un programa de emergencia social agraria a fin de dar respuesta a las necesidades básicas de la población empobrecida del campo. Estas medidas deben consistir en la recuperación inmediata de las tierras mal habidas y mal adjudicadas, en la provisión de semillas de autoconsumo y herramientas básicas para la agricultura familiar campesina y la libertad inmediata de todos los compañeros y compañeras procesados por defender su territorio y el derecho a la vida.

Anteponemos el derecho a la vida por sobre todos los intereses mezquinos que solo buscan el enriquecimiento a través de la violencia, el despojo y la destrucción de la naturaleza. No puede ser que vivamos en un país donde el derecho a producir forraje para cerdos europeos y chinos valga más que la vida de un trabajador compatriota campesino.

Finalmente exigimos el castigo ejemplar a los responsables del asesinato de los compañeros Bienvenido Melgarejo y de Sindulfo Britez y el resarcimiento de los daños ocasionados por la represión.

No más mártires! Reforma agraria integral ya!!!

POR EL FRENTE SOCIAL Y POPULAR

José Parra
Belarmino Balbuena
Jorge Galeano
Felipe Cabrera

Comments

Agosto 2008
Estuvimos en el corte de ruta de la comunidad Guaraní Jase Endí Guasu en El TALAR, Departamento San Martín (Ledesma) Jujuy. Esta comunidad fue desalojada el día lunes 28 de julio. Ellos están enfurecidos con el gobierno jujeño que les respondió que iba a tomar medidas por las problemáticas de agua y viviendas, instalando tanques de agua y construyéndoles casa. Sin embargo, el gobierno ha declarado que "no encuentra documentación del periodo entre 1996 y el 2000, donde el mismo gobierno les otorgaba las tierras; por lo tanto los papeles legales que tramitó el sojero Strisich son válidos”.

Esta comunidad esta en reunión de urgencia y armando una práctica que cuenta con el apoyo de todas las comunidades guaraníes de Jujuy. Entre hoy mañana vienen mas comunidades y compañeros/as solidarios/as a apoyarlos en la recuperación de sus tierras. Por esta razón les pedimos que estén atentos y difundan estas noticias por que la situación se puede poner densa.

El jueves, cerca de la zona que fue desalojada, una mujer guaraní acompañada de sus hijos, estaba recogiendo los animales que se salvaron del la operación y fue atacada por Strisich y dos matones a su servicio. Strisich la persiguió con un cuchillo, además estaba uniformado con ropa de combate y portaba dos pistolas en bandolera a la cintura.

La comunidad quiso hacer la denuncia en la comisaria local, pero no ésta no fue aceptada bajo el argumento que Strisich tiene la propiedad de la tierra. Pablo Pelasso, abogado reconocido por llevar adelante las causas contra los represores jujeños, hizo la denuncia del intento de homicidio y amedrentamiento a la señora.

17 de agosto, 2008

Antecedentes del caso de la comunidad Guaraní Jase Endí Guasu

El Gobierno provincial cedió las tierras fiscales de la comunidad Guaraní Jase Endí Guasu en El TALAR, Departamento San Martín (Ledesma) Jujuy a nombre del finquero Roberto Strisich, haciéndolo poseedor del acta de adjudicación y autorizando el desmonte de 1000 ha, pasando por encima de la ley nacional 26.160 (propiedad ancestral) y la ley nacional 26.331(bosques nativos).

La comunidad Jasy Endy Guasu (Pueblo Guaraní) se encuentra ocupando una parcela desde el año 2000. Esta parcela está desprovista de agua y de cualquier medio externo para obtenerla, por lo que la permanencia en el lugar se realiza gracias al gran esfuerzo de las familias.

Desde hace tiempo están sufriendo el acoso de finqueros y el gobierno provincial. En el año 2006, aparecieron finqueros que reclamaban la posesión con contratos de adjudicación. Los finqueros que son varios y que como ejemplo podemos mencionar a Roberto Strisich o Nestor Farfan está amenazando y presionando a los miembros de la comunidad aprovechando los momentos en los que están solos. Actúan amenazando de muerte, entrando a sus viviendas, robando herramientas, quemando la mercancía, matando sus animales, merodeando armados por la noche y otros atropellos a los que los pueblos originarios están acostumbrados.

En Jujuy el Estado Provincial está incumpliendo con la legislación vigente tanto con la Constitución Nacional artículo 75 inciso 17, los convenios internacionales como el 169 de la OIT o la reciente declaración de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las leyes vigentes como la 23 302 y 26 160. Estas leyes y convenios reconocen a los pueblos originarios como preexistentes y con ello reconocen su derecho a su propio territorio y a que se les otorgue tierras aptas para su propio desarrollo.

La sentencia dictada el 2 de mayo de 2006 por el Tribunal en lo Contencioso y Administrativo de la provincia de Jujuy, emplaza al Gobierno Provincial a “entregar a las comunidades del Pueblo Guaraní los Lotes 1 y 515 del departamento Santa Bárbara” en su calidad de pobladores originarios.

El Pueblo Guaraní de la provincia de Jujuy está formado por 35 comunidades, de las cuales sólo una ha logrado acceder al título de su tierra.

Por favor envía la carta de protesta contra el desalojo:

http://www.salvalaselva.org

Enviar adhesiones:
capoma_ddhh(en)yahoo.com.ar
Jasy-endy-guasu(en)hotmail.com
grupoaccionddhh(en)yahoo.com.ar

Para más información:

0388-154036819 (Esteban Coronel de la Comunidad El Talar)

0388-415517754 (Diego Comunidad El Talar)

03877-15668410 (Oscar Delegado CAPOMA)

Comments

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA DENUNCIA EL HOSTIGAMIENTO Y LAS AMENAZAS DE QUE HAN SIDO OBJETO NUESTROS HERMANOS INDIGENAS DEL CAUCA.

La OIA denuncia a la opinión pública nacional e internacional, a los organismos de control y protección de los Derechos Humanos y a los ciudadanos del mundo respetuosos de la diversidad y comprometidos con la vida, el acoso, hostigamiento y las amenazas que se vienen haciendo al movimiento indígena para la liberación de la Madre Tierra por grupos terroristas y la fuerza pública para evadir el cumplimiento de las sanciones internacionales que se le han impuesto al Estado colombiano por acolitar la masacre del Nilo, ocurrida en 1992, en el territorio de nuestros hermanos indígenas del Cauca.

La indiferencia del Estado ante estas amenazas y el inminente riesgo y las acciones de guerra sufridos por la población indígena, como asesinatos selectivos de autoridades y comuneros y los reiterados señalamientos hechos por la fuerza pública, vinculando a los hermanos indígenas con grupos armados como la guerrilla, son una clara estrategia para deslegitimar nuestro compromiso con la legitima defensa de nuestros derechos, la vida, la autonomía y el territorio, además que pone en riesgo la solidaridad y hermandad con las poblaciones afrocolombianas, campesinas, trabajadores y desplazados, que día a día son apabullados por los gritos y los insultos autocráticos del gobierno de Uribe que utilizan como caja de resonancia a los medios masivos de comunicación que sin criterio han entregado su principio de independencia y se han vendido al mejor postor, los intereses del capital privado y no a la búsqueda del bien común.

La OIA se solidariza con los hermanos indígenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y a la vez clama la solidaridad internacional y nacional para que este gobierno asociado directamente con el paramilitarismo, que se estima lleva a cuestas más de 100.000 casos de violación de Derechos Humanos y cerca de 4 millones de desplazados respete la vida e integridad de los pueblos indígenas de Colombia y no evada sus responsabilidades y las reparaciones a las que se ha condenado internacionalmente, señalándonos como colaboradores de cualquier grupo armado legal o ilegal.

Han denunciado nuestros hermanos indígenas del Cauca que “la amenaza de 7 páginas enuncia en su contenido pleno de odio y falsedades, la decisión de difamar el proceso indígena y da inicio al terror y a la muerte. El contexto en el que nos envían esta carta es el de la parapolítica, con clara colusión del Gobierno. Las amenazas al movimiento indígena por parte del Presidente de la República quien ordena el pago de recompensas por quienes participen en el proceso de “Liberación de la Madre Tierra” y el arresto del Senador Jesús Piñacué, quien es mencionado en la amenaza. Las recientes confesiones del paramilitar Orlando Villa Zapata involucrado en la masacre de El Nilo aseverando que dicho crimen fue planeado en la Hacienda La Emperatriz en presencia de sus propietarios.

Los asesinatos de más de 25 jóvenes en una semana en Santander de Quilichao y la masacre cometida en El Tambo durante el fin de semana en la que fueron asesinadas 10 personas. Esto se suma a crecientes amenazas contra líderes indígenas del Norte del Cauca. La carta de amenaza también se apoya en las declaraciones infundadas del General Jaime Esguerra vinculando a funcionarios de la alcaldía indígena de Toribío con el sexto frente de las FARC”.

Para la Junta Directiva de la Asociación de Cabildos de la Organización Indígena de Antioquia esta amenaza está dirigida no sólo para nuestros hermanos del Cauca, sino para todo el movimiento indígena colombiano donde estaríamos incluidos nosotros los indígenas antioqueños y que por lo tanto, ahora más que nunca debemos fortalecer la tan resquebrajada unidad y los lazos de solidaridad entre todos los pueblos de Colombia.

Para el movimiento indígena es imposible desenmascarar el etnocidio que se viene perpetrando en nuestro país, muchos de nuestros compatriotas están enceguecidos por las propuestas guerreristas de este gobierno y el frenesí de la sangre y el odio los invade y enceguece, este desafortunadamente no es el tiempo de la razón y la reflexión; es el tiempo de los mercenarios, los asesinos y de los medios de comunicación al servicio del proyecto de muerte de la globalización.

Exigimos se nos respete la vida y los derechos que legitimante hemos conquistado, exigimos que la fuerza pública desaloje nuestros territorios, deje de seducir y reclutar a nuestros jóvenes, que dejen de violar a nuestras mujeres, que paren los confinamientos y que se nos deje de tratar como ejércitos regulares o irregulares, amamos la vida y siempre hemos rechazado la guerra.

Medellín, agosto 15 de 2008.

JUNTA DIRECTIVA

ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIQOUIA - OIA

Frente a las políticas de exterminio, resistencia y vida.

Comments

“Lo único que nosotros hicimos fue botar unos árboles en la entrada de nuestra finca para que no entren. Esa fue la razón para que nos sigan hasta la casa, nos golpeen, nos quiten la motosierra y, después de insultarnos y golpearnos, empezaron a dispararnos”, cuentan los heridos.

Armando Miranda tiene una herida de bala en la pierna izquierda, a la altura del tobillo; mientras que Salomón Miranda presenta impactos de bala en ambos pies. Los campesinos heridos denunciaron que los agresores estaban armados con subametralladoras UZI y con un fusil.

Después de una larga travesía, los heridos -apoyados por compañeros- lograron llegar hasta el hospital Pablo Arturo Suárez, donde fueron atendidos y esta mañana recibieron el alta. Sin embargo, los familiares expresaron su preocupación por la recuperación total de los dos jóvenes.

Noroccidente de Pichincha, zona libre de minería
El 6 de junio pasado, moradores, estudiantes, operadores de turismo ecológico, pequeños comerciantes, ecologistas, grupos de mujeres y los alcaldes de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito declararon al sector como zona libre de minería metálica.

La población considera que la minería contamina las fuentes de agua, degrada ecosistemas y destruye zonas agrícolas, importantes fuentes de abastecimiento de alimentos para el país. Los habitantes recuerdan que a su tiempo aplaudieron la aprobación del Mandato Minero, promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente, pero ven que no se lo cumple.

Los pobladores de Pacto no conocen el nombre del grupo minero, pero tienen la certeza de que el titular de la concesión es Ulbio Moncayo.

La CEDHU exige una efectiva investigación y sanción a los responsables y la aplicación de medidas de reparación a las víctimas. Asimismo, rechaza estos atropellos, pues constituyen evidentes violaciones al derecho a la propiedad privada y a la integridad física de las personas.

VEA AQUÍ LA CARTA DE LA Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU PARA AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

POR FAVOR, HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL TESTIMONIO DE ARMANDO MIRANDA

POR FAVOR, HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL TESTIMONIO DE SALOMÓN MIRANDA

Comments