Quito. (14/08/08). Los hechos sucedieron en San Francisco de Pachijal, Noroccidente de Pichincha. El pasado martes 12 de agosto, los hermanos Armando y Salomón Miranda, de San Francisco de Pachijal, fueron heridos de bala. Los campesinos responsabilizan del hecho a ocho hombres armados (con pantalones camuflaje) que pululan por el sector.
“Lo único que nosotros hicimos fue botar unos árboles en la entrada de nuestra finca para que no entren. Esa fue la razón para que nos sigan hasta la casa, nos golpeen, nos quiten la motosierra y, después de insultarnos y golpearnos, empezaron a dispararnos”, cuentan los heridos.
Armando Miranda tiene una herida de bala en la pierna izquierda, a la altura del tobillo; mientras que Salomón Miranda presenta impactos de bala en ambos pies. Los campesinos heridos denunciaron que los agresores estaban armados con subametralladoras UZI y con un fusil.
Después de una larga travesía, los heridos -apoyados por compañeros- lograron llegar hasta el hospital Pablo Arturo Suárez, donde fueron atendidos y esta mañana recibieron el alta. Sin embargo, los familiares expresaron su preocupación por la recuperación total de los dos jóvenes.
Noroccidente de Pichincha, zona libre de minería
El 6 de junio pasado, moradores, estudiantes, operadores de turismo ecológico, pequeños comerciantes, ecologistas, grupos de mujeres y los alcaldes de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito declararon al sector como zona libre de minería metálica.
La población considera que la minería contamina las fuentes de agua, degrada ecosistemas y destruye zonas agrícolas, importantes fuentes de abastecimiento de alimentos para el país. Los habitantes recuerdan que a su tiempo aplaudieron la aprobación del Mandato Minero, promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente, pero ven que no se lo cumple.
Los pobladores de Pacto no conocen el nombre del grupo minero, pero tienen la certeza de que el titular de la concesión es Ulbio Moncayo.
La CEDHU exige una efectiva investigación y sanción a los responsables y la aplicación de medidas de reparación a las víctimas. Asimismo, rechaza estos atropellos, pues constituyen evidentes violaciones al derecho a la propiedad privada y a la integridad física de las personas.
VEA AQUÍ LA CARTA DE LA Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU PARA AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
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